Partido Unidad Social Cristiana: ¿qué propone Rodolfo Piza en su programa de gobierno?

El Programa Estado de la Nación (PEN) está analizando los planes de gobierno para las elecciones de 2018. Se usa la misma metodología de análisis para todos los casos, y los resultados se incorporan en esta plataforma VotemosCR.com. El PEN construyó una base de datos, con la colaboración de estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, para examinar cada uno de los párrafos del programa de gobierno. El manual metodológico puede verse en este enlace: https://goo.gl/BhoM4T

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) es Rodolfo Piza. Su programa de gobierno tiene una extensión de 93 páginas (en procesador de texto sin formato), dividido en 1434 párrafos para el análisis.

¿Cómo está distribuido el contenido del plan de gobierno? El 70% del texto tiene propuestas políticas sobre los diferentes problemas del país. El resto corresponde a párrafos de transición, diagnóstico o explicaciones sobre el contexto político, pero sin propuestas específicas.

 

Partido Unidad Social Cristiana: tipo de contenido del texto de su programa de gobierno. Elecciones 2018

¿Cómo están desarrolladas las propuestas? El análisis sobre el alcance de las propuestas considera la totalidad del texto que incluye alguna acción política (propuestas totales), y determina cuáles indican metas u objetivos específicos; y las que identifican políticas con soluciones concretas a los problemas.

En el PUSC, predominan los planteamientos de tipo general. Sólo un 3% del texto (46 casos) identifica metas cuantificables claras. Por ejemplo, en educación se pretende “desarrollar un plan de enseñanza masiva de inglés a 300.000 personas, a razón de 75 mil por año, en estrecha colaboración con el sector productivo para facilitar la inserción laboral de las personas y la mejora de sus ingresos”.

En salud hay metas concretas con respecto a “establecer un segundo turno para la atención de cirugías, de baja y mediana complejidad, procedimientos y consulta médica especializada, en el primer y segundo nivel de atención, dotando de los recursos humanos, financieros, equipo médico e infraestructura necesaria a los centros de atención integral en salud (CAIS) y clínicas”. Se propone, además, “crear un hospital nacional general, categoría regional, llave en mano, (equipo y recurso humano completo), ubicado en la parte sur de la Gran Área Metropolitana, con un modelo moderno, con alta tecnología y de bajo costo constructivo”. Otras obras de construcción en salud prometidas serían las torres médicas del Hospital Calderón Guardia, del Hospital San Juan de Dios, y “construir prioritariamente los hospitales de Puntarenas, Cartago y Turrialba”.

En materia de infraestructura las metas específicas consisten en “una fuerte inversión en obras viales y otra infraestructura que superará los $4.775 millones entre el 2018 y el 2022, y que abarcará rutas de suma importancia para la producción agrícola hacia el norte, el sur, el Pacífico y el Atlántico del país”.  El objetivo primordial es “elevar la inversión en nuevas obras viales y transportes al 3,5% del PIB anual, en lugar del 0,9% del PIB anual actualmente, de modo progresivo y sostenido a lo largo de los 4 años de gobierno ($1.140 millones en nuevas obras viales, más $1.000 millones en primera línea de metro, más $500 millones en el tren eléctrico metropolitano)”.

Por su parte un 7% del plan de gobierno (102 casos) consta de una política concreta que identifica la forma como se resolverían los problemas identificados. Por ejemplo, en el tema de pensiones se impulsa “la aprobación del Expediente n° 19735 que reforma el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador para hacer efectivo del aporte del 15% de las utilidades de las empresas públicas del Estado para la universalización de las pensiones del régimen no contributivo”.

Para facilitar la educación técnica se propone “eliminar el requisito de bachillerato para incorporarse al INA”. En materia de criminalidad “rechazamos que el Ministerio de Justicia utilice el cambio de régimen de atención, de institucional a semiinstitucional, como medio para resolver el hacinamiento, porque esto pervierte el objetivo de dicho régimen, y hacemos énfasis en que nuestra política criminal se enfocará, con mano solidaria, en estos objetivos: poner fin al hacinamiento y la sobrepoblación penitenciaria, mediante un plan de infraestructura según niveles de contención y un uso eficiente y eficaz de los recursos”.

Y como parte de las propuestas de seguridad “desarrollaremos, junto con el Ministerio de Hacienda y los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, un programa gradual para asignar los recursos tecnológicos, logísticos, de construcción de infraestructuras y humanos al Ministerio de Seguridad Pública, que requiera para modernizar la Policía Nacional”.

 

Partido Unidad Social Cristiana: porcentaje del programa de gobierno que representa propuestas, metas y acciones concretas. Elecciones 2018

¿Cuáles temas sobre desarrollo humano destacan? El plan de gobierno del PUSC dio mayor atención a los asuntos de pobreza y desigualdad. En total hay 506 referencias en esta materia que incluyen, mayoritariamente, aspectos sobre salud, seguridad social y pensiones, y educación. Lo que menos se abordó fue el tema de solvencia del Estado, vinculado con la crisis fiscal actual, con 65 referencias.

 

Partido Unidad Social Cristiana: temas relacionados con el Desarrollo Humano abordados en su programa de gobierno. Elecciones 2018

¿Cuáles fueron las prioridades específicas? En el análisis a profundidad, se observa que lo más importante en el programa de gobierno del PUSC son los aspectos relacionados con “Grupos sociales específicos” y “Tecnología-Infraestructura”.

En el caso de la “Grupos sociales específicos” hay 220 referencias sobre mujeres, poblaciones con alguna discapacidad, adultos mayores, indígenas y niños, niñas y jóvenes, entre otros.  

Destacan diversas propuestas sobre los pueblos indígenas, entre las que destaca la de “resolver en definitiva el derecho de los indígenas a acceder a la propiedad de las tierras en las reservas, con el objeto de propiciar que los miembros de los pueblos indígenas tengan derecho de propiedad con las ventajas y responsabilidades que eso implica”.

Para la población con alguna discapacidad se propone “crear el Sistema Nacional de Capacitación, Información y Comunicación, que permita la articulación público-privada, con el propósito de unificar esfuerzos, criterios y recursos, para la realización de actividades de manera inclusiva, participativa y activa de las personas en condición de discapacidad, que impacten la actitud de la sociedad en favor de esta población”. Otro objetivo político sería el de “promover tarifas diferenciadas para el uso de internet móvil o residencial, para las personas con discapacidad, en concordancia con la ley de la Sutel, en especial lo dispuesto en Fonatel y de acuerdo con los compromisos adquiridos en los objetivos de desarrollo sostenible”.

Las políticas dirigidas hacia las mujeres incluyen la “participación de los bancos e instituciones financieras en programas enfocados a la mujer, de modo que los requisitos para créditos y condiciones financieras sean diferenciados; que les brinden capacitaciones y asesorías en temas financieros como parte de la responsabilidad social de estas empresas, y fomentaremos las alianzas públicas y las alianzas público-privadas”. También proponen la “ejecución de programas de educación, desde edades tempranas, que promuevan mayor seguridad de la mujer y mayor confianza en sí misma; así como el apoyo en el desarrollo profesional, con el fin de colaborar con su independencia financiera”.

Sobre el tema de “Tecnología-Infraestructura”, el PUSC tiene 159 menciones en su programa de gobierno. En tecnología se propone “impulsar el programa “Costa Rica Conectividad 21” (plan nacional para el desarrollo de las telecomunicaciones 2021) que comprende las siguientes acciones: promover un acuerdo nacional entre los actores públicos y privados a fin de alcanzar que Costa Rica tenga una penetración de banda ancha con una velocidad mínima de 10 mbps dentro del 50% del territorio nacional habitado (mediante conectividad por fibra óptica o inalámbrica)”.

Se pretende implementar el “programa ´Tecnología de Costa Rica para el mundo`, mediante el cual impulsaremos el fortalecimiento de sector software costarricense: brindar todo el apoyo político posible a los esfuerzos privados para convertir a Costa Rica en el mayor productor de software de Latinoamérica”.

Hay propuestas sobre el uso de tecnologías inteligentes para la seguridad a nivel cantonal. En específico “mecanismos convencionales, así como los nuevos sistemas de comunicación y vigilancia electrónica, para interconectar teléfonos inteligentes, hogares y empresas con el Ministerio de Seguridad Pública, con el propósito de garantizar comunidades seguras, así como familias y empresas en paz”.

También “debe reforzarse este esquema de control con la actualización y mejoramiento de tecnología en puestos de ingreso y salida en todo el país (tecnología informática, biométrica, etc.) y una adecuada alimentación de inteligencia sobre extranjeros no deseables por parte de los cuerpos competentes para ello (Fuerza Pública, DIS, Interpol, OIJ, entre otros)”.

En materia de trámites se propone que “toda entidad pública nacional y municipalidad hará posible realizar trámites administrativos por vía digital, como parte inherente de una administración pública moderna, eficiente y eficaz”.

Como parte de los proyectos de infraestructura propuestos, el PUSC aspira a “construir nueva infraestructura pesquera en Guanacaste, Puntarenas y Limón, la carencia de una infraestructura adecuada para la descarga de los productos pesqueros repercute en su calidad y en problemas ambientales”. Entre los proyectos planteados también están “la construcción de un mirador de cocodrilos en el rio Tárcoles que cuente con la infraestructura requerida para la atención segura y sin riesgos de los turistas”.

En materia aeroportuaria se impulsará “que los costos de las remodelaciones de las terminales áreas los asuman los usuarios y no las líneas aéreas para hacer más competitivo su uso por parte de éstas”.

 

Partido Unidad Social Cristiana: temas prioritarios de su programa de gobierno. Elecciones 2018

¿Qué dice sobre la actual crisis fiscal y los impuestos? Un problema estructural del país es el elevado déficit fiscal, que cerraría en 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2017, situación que pone en riesgo el financiamiento del desarrollo humano.

El PUSC tiene 46 propuestas específicas en esta materia. El plan de gobierno indica que “antes de realizar propuestas de aumento o de nuevos impuestos, se deben agotar todas las posibilidades de racionalizar el gasto público, reestructurar el sistema tributario y recaudar los impuestos existentes en forma eficiente”. Su propuesta se basa, en “una regla fiscal constitucional clara para impedir abusos de gobiernos irresponsables con el gasto” y el “ordenamiento de las transferencias corrientes del gobierno para ajustarlas al gasto real y al cumplimiento de objetivos”.

En materia de impuestos están a favor de “transformar el impuesto sobre las ventas a un impuesto sobre el valor agregado, este cambio consiste en ampliar la base del actual impuesto sobre las ventas (manteniendo la tasa actual del 13%), a todos los servicios y no solamente a los bienes y a algunos servicios como se aplica actualmente. Además, se tendrían tasas menores para la educación y la salud para no afectar el acceso a esos servicios”.

Por el lado del gasto se contempla el “ordenamiento de los salarios públicos para contener crecimiento y mejorar desempeño, mediante varias medidas: (a) limitar el crecimiento de las plazas a no más del 1% como promedio anual en todo el sector público para mejorar la eficiencia y la racionalidad del rubro de remuneraciones en el corto plazo; (b) proponer un sistema de regulación del empleo público que cubra a todos los funcionarios públicos como principio de equidad y justicia en la función pública que se aplicaría a los nuevos trabajadores y para la racionalidad del gasto público, ante la inmanejable situación de los pluses e incentivos existentes; (c) limitar el otorgamiento de dedicación exclusiva, prohibición, horas extras y compensación de vacaciones para que se apliquen solo en casos estrictamente necesarios y sin afectar derechos adquiridos; y (d) evaluar el desempeño de funcionarios de acuerdo al cumplimiento de metas institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo y aplicar los mecanismos de incentivos (anualidades y otros) en función de dicho cumplimiento. Asimismo, para evitar salarios desproporcionados, seguiremos impulsando el expediente n° 19156 ´Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública`, presentado por el Partido Unidad desde el año 2014”.

Otro de los rubros para atacar el gasto es el de “una exhaustiva revisión de todo el gasto tributario, las exoneraciones vigentes y haremos una propuesta de reducción sin afectar aquellas relacionadas con la canasta básica y los incentivos a la producción y la inversión”. Además, se propone “disminuir la evasión revisando políticas y recursos disponibles en la administración tributaria, se dotará de todos los recursos humanos y tecnológicos que requiera la administración tributaria para disminuir la elusión y la evasión fiscal y la revisión de programas con metas con indicadores realistas, que permitan determinar los avances o no de la administración para reducir la evasión y ilusión sobre el impuesto de ventas y renta”.

¿Qué dice sobre la generación de empleo? El país tiene problemas para generar empleos de calidad, lo que se refleja en altas tasas de desempleo (7,5% en 2017) y en un crecimiento del sector informal. Más y mejores empleos tendría un efecto directo en la reducción de la pobreza.

El PUSC presenta 32 propuestas sobre empleo y encadenamientos productivos. Una de las acciones sería “mejorar el nivel de capacitación de la población rezagada educativamente y generar mayores fuentes de empleo bien remunerado en actividades con capacidad para absorber a esa población, con el fin de lograr nuestra meta de reducir la tasa de desempleo abierto a un máximo de un 6% para 2022”.

El plan de gobierno también propone “establecer un programa de promoción del empleo de las personas menores de 25 años, mediante el cual estos trabajadores durante el primer año estarían exentos del 75% de las cargas sociales, del 50% de esas cargas durante el segundo año y del 25% durante el tercer año; así como exentos del 100% de las cargas patronales del INA y FODESAF durante los tres primeros años”

Por el lado productivo destaca la opción de “establecer conglomerados de empresas y trabajar con asociaciones o agrupaciones empresariales existentes para fomentar un esfuerzo colaborativo entre las empresas dinámicas/ exportadoras y las proveedoras, así como entre todas las empresas y las universidades, los centros de formación técnica (INA, colegios técnicos), los centros tecnológicos y otros”.

Entre los encadenamientos planteados está el fomentar programas para “que el sector agrícola abastezca a las empresas de sector turismo y ambos sectores se beneficien”

Sobre la fiscalización laboral una de las propuestas sería “una política de trabajo moderna y eficiente pasa por fortalecer la dirección nacional de inspección transformando su rol fiscalizador a un rol educativo para garantizar el conocimiento y cumplimiento de las leyes laborales y los derechos de los trabajadores”  

 

Créditos: En el análisis y sistematización de este programa de gobierno participaron: Steffan Gómez, Elías Chavarría, María Estelí Jarquín y Mario Herrera del PEN; y Karlissa Calderón, Daniela Bolaños, Abraham Cisneros, Laura Vargas, Andrea Soleibe, Fernanda Durán, Daniel Castillo, Marcelo Chinchilla de la ECP-UCR.

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