Partido Frente Amplio: ¿qué propone Edgardo Araya en su programa de gobierno?

El Programa Estado de la Nación (PEN) está analizando los planes de gobierno para las elecciones de 2018. Se usa la misma metodología de análisis para todos los casos, y los resultados se incorporan en esta plataforma VotemosCR.com. El PEN construyó una base de datos, con la colaboración de estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, para examinar cada uno de los párrafos del programa de gobierno. El manual metodológico puede verse en este enlace: https://goo.gl/BhoM4T

El candidato presidencial del partido Frente Amplio (FA) es Edgardo Araya. Su programa de gobierno tiene una extensión de 169 páginas (en procesador de texto sin formato), dividido en 2413 párrafos para el análisis.

¿Cómo está distribuido el contenido del plan de gobierno? El 75% del texto tiene propuestas políticas sobre los diferentes problemas del país. El resto corresponde a párrafos de transición, diagnóstico o explicaciones sobre el contexto político, pero sin propuestas específicas.

 

Frente Amplio: tipo de contenido del texto de su programa de gobierno. Elecciones 2018

¿Cómo están desarrolladas las propuestas? El análisis sobre el alcance de las propuestas considera la totalidad del texto que incluye alguna acción política (propuestas totales), y determina cuáles indican metas u objetivos específicos; y las que identifican políticas con soluciones concretas a los problemas.

En el FA, predominan los planteamientos de tipo general. El 5% del texto (121 casos) identifica metas cuantificables claras. Por ejemplo, en inversión social “una meta necesaria es elevar en los próximos años, el aporte de la inversión pública al menos al 6% del PIB, preferiblemente al 7%, para lo cual es indispensable tener en cuenta lo siguiente: el impulso urgente a la inversión pública requiere de un acuerdo nacional que rompa los diversos cuellos de botella que retrasan gravemente la puesta en funcionamiento de cualquier proyecto de inversión pública”.

En energía e infraestructura, “en el plazo de 20 años deberá tenerse establecida una infraestructura que permita la explotación de, al menos, el 50% del potencial eólico diagnosticado para el país y para el 2050 deberá tenerse el 100% en explotación”.

En seguridad ciudadana el FA se plantea que “la meta es reducir en 4 años la incidencia de los delitos, la victimización, la criminalización y la prisionalización, así como los impactos negativos de la inseguridad para el desarrollo humano”. Para lograrlo proponen, entre otras acciones, “aprobar el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio para que a quienes han cometido delitos mediante el uso de armas se les inhabilite para su portación, hasta por un plazo de 50 años (expediente 18779)”. Se indica la necesidad de fortalecer la seguridad con “al menos el 50% de los recursos generados por ley del impuesto a las personas jurídicas y la ley del impuesto a los casinos, para financiar programas de seguridad preventiva dirigidos a poblaciones vulnerables y en riesgo social”.

Por su parte el 12% del plan de gobierno (298 casos) consta de una política concreta que identifica la forma como se resolverían los problemas identificados. Por ejemplo, una política para erradicar el clientelismo político (corrupción), que consistiría en emitir “una directriz para prohibir que las autoridades del gobierno –empezando por la Presidencia de la República- participen en inauguraciones de obras, entrega de bonos o becas y cualquier otra acción dirigida a promover como favores o regalos gubernamentales los beneficios sociales que financia el pueblo a través del pago de impuestos”.

En materia productiva una de las acciones es “la transformación del Consejo Nacional de Producción en un ente impulsor y orientador de la actividad productiva de las Mypimes y Pympas, de las empresas de carácter social y cooperativo, con una visión de interés nacional”. También se promovería “la formalización de los nuevos emprendimientos locales y fortalecer los programas de incubación de empresas en coordinación con el MEIC, el sistema de banca para el desarrollo, universidades públicas, el nuevo Consejo Nacional para la Producción y Procomer de forma tal que exista un acompañamiento sistemático”.

En materia ambiental y energético una de las propuestas es “frenar los aumentos desmedidos en los precios de la electricidad para los hogares, a través de medidas como la exoneración de impuestos (ley 8114) para el combustible que compra el Instituto Costarricense de Electricidad con fines de generación eléctrica”.

En materia de ordenamiento territorial se impulsaría “una reforma a la Ley de Planificación Urbana para reafirmar el principio de compatibilidad entre la planificación local y la regional, y establecer un plazo para que todas las municipalidades del país elaboren, completen y actualicen sus planes reguladores (tres años)”.

 

Frente Amplio: porcentaje del programa de gobierno que representa propuestas, metas y acciones concretas. Elecciones 2018

¿Cuáles temas sobre desarrollo humano destacan? El plan de gobierno del FA dio mayor atención a los asuntos de pobreza y desigualdad. En total hay 775 referencias en esta materia que incluyen, mayoritariamente, aspectos sobre educación y salud, seguridad social y pensiones. Lo que menos se abordó fue el tema de solvencia del Estado, vinculado con la crisis fiscal actual, con 93 referencias.

 

Frente Amplio: temas relacionados con el Desarrollo Humano abordados en su programa de gobierno. Elecciones 2018

¿Cuáles fueron las prioridades específicas? En el análisis a profundidad, se observa que lo más importante para el Frente Amplio son los aspectos relacionados con la “Igualdad” y los “Grupos sociales específicos”.

En el caso de la “Igualdad” hay 370 referencias en todo el programa de gobierno sobre el concepto de justicia social y la necesidad de un trato justo para todas las personas. Eso incluye la protección especial a grupos sociales desfavorecidos; la eliminación de barreras de clase; la necesidad de una distribución justa de los recursos; y el fin de la discriminación (por ejemplo, discriminación racial o sexual).

Una propuesta en este sentido es la aprobación de “proyecto de ley presentado por el Frente Amplio para ampliar a seis meses la licencia por maternidad y fomentar la corresponsabilidad en el cuido de los niños y las niñas, mediante la consolidación de las licencias de paternidad y la posibilidad de que el padre y la madre intercambien parte del tiempo de la licencia de maternidad (expediente 18797)”.

Otra acción que pretende la igualdad sería “una propuesta de reforma legislativa y administrativa para establecer el marco legal y el procedimiento adecuado para denunciar, investigar y sancionar a quienes paguen inferior salario a las mujeres en idénticas condiciones de idoneidad y eficiencia”.

También se apoya “el proyecto de reforma al artículo 75 de la Constitución Política, para establecer que el Estado costarricense será neutral en materia religiosa y deberá respetar la libertad de conciencia, de religión y de culto de todas las personas, sin que exista discriminación o privilegios a favor de una religión, en detrimento de las creencias de las demás personas (expediente 18496)”.

Con respecto a los “Grupos sociales específicos” hay otras 46 referencias dirigidas a poblaciones con alguna discapacidad, adultos mayores y niños, niñas y jóvenes, entre otros. Destacan las políticas dirigidas a respetar y ampliar los derechos de poblaciones indígenas. En este tema el FA declararía “como prioridad, en los primeros 100 días de gobierno, la aprobación legislativa de la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas (expediente 14352)”. También pretenden “cumplir estrictamente con la obligación del Estado costarricense de consultar a las comunidades indígenas respecto de cualquier tipo de proyectos o iniciativas susceptibles de afectar sus derechos o que apunten a la exploración, explotación y/o extracción de recursos naturales en sus territorios, a partir de los principios establecidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Con respecto a las personas adultas mayores el FA aspira a “incrementar del 2% al 4%, de forma gradual durante los próximos cuatro años, los recursos que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) debe destinar al financiamiento del Consejo Nacional de la Personas Adulta Mayor (CONAPAM)”.

Entre las políticas hacia la juventud el FA propone que “al menos una tercera de parte de los recursos recaudados mediante el aumento del impuesto a los licores propuesto en el punto anterior, se destinará a la construcción, desarrollo y mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa (incluyendo escuelas y colegios públicos), así como para la organización y promoción de actividades deportivas y programas recreativos dirigidos la población del cantón, especialmente a la juventud en condiciones de pobreza y riesgo social”.

 

Frente Amplio: temas prioritarios de su programa de gobierno. Elecciones 2018

¿Qué dice sobre la actual crisis fiscal y los impuestos? Un problema estructural del país es el elevado déficit fiscal, que cerraría en 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2017, situación que pone en riesgo el financiamiento del desarrollo humano.

El Frente Amplio tiene 83 propuestas específicas en esta materia. El plan de gobierno señala que el “sistema tributario deberá ser reformulado tomando en cuenta los siguientes criterios: equidad y justicia en la distribución de las cargas tributarias, promoción del ahorro y de la eficiencia y productividad en la economía y el desestimulo a las formas de consumo e inversión que tienen implicaciones ambientales dañinas o consecuencias sociales y económicas poco deseables. La reforma fiscal para hacer frente al déficit fiscal debe constituir, al mismo tiempo, una reconstrucción del pacto social costarricense, una reconstrucción que permita avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria.”

El aumento en los ingresos tributarios del Gobierno Central se logrará mediante: “a) un aumento de los tributos sobre las grandes rentas y riquezas, b) reformas legales necesarias para fortalecer las herramientas de lucha contra el fraude fiscal, la evasión y elusión, y c) medidas fiscales para la reactivar la producción nacional”.

Se apoya pasar del actual impuesto general sobre las ventas a un impuesto al valor agregado (IVA), manteniendo la tarifa actual del 13%, que grave tanto bienes y servicios de forma generalizada, pero apoya esta reforma solo si el impuesto no recae sobre bienes y servicios básicos (canasta básica alimentaria, servicios de salud y educación, por ejemplo). También plantean establecer un mecanismo de IVA personalizado, que permita realizar una devolución a los hogares pertenecientes a los dos quintiles de menores ingresos.

Entre las medidas que proponen valorar dentro de la discusión sobre reforma fiscal es “un recargo al impuesto sobre ganancias de las grandes empresas dedicadas al negocio de la salud privada (incremento al 35%, donde los cinco puntos porcentuales adicionales financiarían el aporte estatal); o un incremento al 20% del impuesto sobre ganancias de capital, donde un porcentaje se destinaría al financiamiento del aporte estatal a la CCSS.” Otra propuesta es que las empresas en régimen de zona franca paguen el impuesto del 15% sobre los dividendos que repartan.

En materia de gasto, “si bien el Frente Amplio sostiene que el recortismo no es ni técnica ni políticamente una vía correcta para solucionar, con justicia, el problema del déficit fiscal, creen que es necesario y posible suprimir gastos que solo privilegian a las castas políticas”. También apoyan medidas para poner tope a los salarios de los altos jerarcas de los entes públicos.

En materia de administración tributaria proponen impulsar la profesionalización de las aduanas del país, con el fin de mejorar sus sistemas de gestión y operación; y promover la revisión y discusión política de las exoneraciones vigentes, para establecer con criterios claros cuales de esos beneficios tributarios deben permanecer vigentes, considerando su impacto social y productivo.

¿Qué dice sobre la generación de empleo? El país tiene problemas para generar empleos de calidad, lo que se refleja en altas tasas de desempleo (7,5% en 2017) y en un crecimiento del sector informal. Más y mejores empleos tendría un efecto directo en la reducción de la pobreza.

El FA dedica 70 propuestas específicas sobre este tema. Las propuestas sobre empleo pretenden generar “esquemas de estímulos apropiados a fin de propiciar la atracción de aquel tipo de inversiones que favorezcan la generación de empleos de calidad; el impulso al desarrollo de las regiones más pobres y económicamente rezagadas; la transferencia de tecnología; el desarrollo de encadenamientos productivos y el respeto a la naturaleza”.

Se promueve una política que incentive “mediante la cuenta de capital el favorecimiento de las inversiones a largo plazo que contemplen la formación de capital humano y la existencia de encadenamientos productivos”. Asimismo, es interés del FA “brindar asesoría y enlaces para el encadenamiento productivo y tecnológico con las empresas nacionales privadas o públicas y extranjeras”.

En el plan de gobierno también se apoya “impulsar un sistema de información, orientación e intermediación del empleo ubicado en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con representantes de los trabajadores, de los empleadores y de las instituciones de fomento de la producción nacional y las exportaciones (COMEX, MAG, MEIC, etc.)”.

Otro de las acciones sería “desarrollar un fuerte programa de incentivos (acceso preferencial al crédito para el desarrollo; acceso a puntos adicionales en programas de compras del Estado; capacitación y transferencia de tecnología; simplificación de requisitos y trámites, entre otros) para fomentar que las pequeñas y medianas empresas contraten personas jóvenes con todas las garantías y derechos laborales a pesar de no tener experiencia suficiente”.

En cuanto a la fiscalización del Estado se propone “estimular los programas de inspección laboral garantizando cobertura al territorio nacional con el fin de velar por el cumplimiento de la legislación en procura de los derechos de las personas trabajadoras”, entre otras propuestas.

 

Créditos: En el análisis y sistematización de este programa de gobierno participaron: Steffan Gómez, María Estelí Jarquín, Elías Chavarría, Daniel Castillo y Natalia Morales del PEN; y Karlissa Calderón, Daniela Bolaños, Abraham Cisneros, Laura Vargas, Andrea Soleibe, Fernanda Durán, Marcelo Chinchilla, Ludwig Hall, Sofía Beeche, Andrés Palma, Gabriel Durán de la ECP-UCR.

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